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Medicamentos / Propiedad Intelectual / Decreto 2085
El Tiempo Febrero 23 de 2004:

Laboratorios colombianos no podrán producir ocho medicamentos de multinacionales durante cinco años

La medida basada en un decreto sobre protección de la propiedad intelectual causa polémica por el alza que puede generar en los precios.

Los productos incluidos en esta veda quinquenal para los productores locales sirven para tratar demencia, disfunción eréctil y epilepsia y otros son reductores de lípidos y antisicóticos, según estableció EL TIEMPO.

Estos no recibirán el visto bueno del Invima para su fabricación y además, la veda no se limitará a ellos, pues el instituto estudia otras cuatro solicitudes con el mismo objetivo relacionadas con tratamiento para las infecciones del tracto urinario, contra el dolor y la inflamación causada por la artritis reumatoide, contra la leucemia y un antihistamínico. A medida que les vaya dando el visto bueno, comienzan a correr los cinco años.

Fuentes no oficiales aseguraron que otras 30 solicitudes están haciendo 'cola' en la entidad y pronto comenzará el estudio de las mismas. "Sus precios se dispararán", advirtió Alberto Bravo, presidente de Asinfar, gremio de los laboratorios nacionales.

De esa manera, comenzó a aplicarse el decreto 2085 expedido en el 2002 por el fallecido ministro de Salud, Juan Luis Londoño, que le prohíbe al Invima autorizarles a terceros la producción de medicamentos apoyado en la información que le entregan las multinacionales para obtener sus propios permisos.

La medida, conocida como la protección al uso de la información no divulgada, generó controversia por el efecto alcista que, según sus contradictores, tendrá en los precios de los medicamentos.

Los laboratorios internacionales respaldan su aplicación porque, dicen, es una forma de estimular la investigación científica y de permitirles recuperar las inversiones para obtener nuevos medicamentos. Además, agregan, está en línea con las normas de la OMC sobre protección a la propiedad intelectual.

El decreto 2085 fue producto de las exigencias de las multinacionales farmacéuticas y del gobierno de Estados Unidos, que condicionó la renovación de las preferencias arancelarias (Atpa) a la expedición del decreto.

Aumentar la protección de la propiedad intelectual, posición liderada por Estados Unidos, es uno de los temas espinosos en las negociaciones del Alca y punto clave en las que se avecinan entre Colombia y la administración estadounidense para un tratado bilateral.

Para Bravo, el 2085 viola las normas de la OMC y de la CAN por proteger información no susceptible de protección. Esto es tan evidente, agregó, que ya las autoridades andinas le pidieron explicaciones al gobierno colombiano sobre el decreto mencionado.

Al proteger esa información, dijo, se priva a los colombianos de tener acceso a nuevos medicamentos para combatir sus dolencias y enfermedades, "pues sus precios estarán por las nubes".

Otra es, sin embargo, la opinión de María Claudia García, presidenta de Afidro, gremio de las farmacéuticas multinacionales: un medicamento nuevo es una alternativa más en el mercado y or lo tanto sus precios no pueden dispararse.

La situación es diferente si el medicamento es único en el mercado, comentó. En este caso, el Gobierno puede hacer uso de los instrumentos legales a su disposición y controlar el precio.

Carlos Olarte, experto en propiedad intelectual de la firma de abogados Olarte Raisbeck & Frieri Ltda., señaló que la OMC obliga a la protección de los datos contra la competencia desleal, que con el 2085 Colombia está en el camino correcto y que el Invima, acatando este decreto, no ha concedido permisos a terceros para producir medicamentos.

Para Emilio Sardi, vicepresidente de Tecnoquímicas, laboratorio nacional con sede en Cali, el 2085 lo que hace es conceder protecciones arbitrarias a las multinacionales farmacéuticas que, al ver disminuida la competencia, pueden empujar al alza los precios de los medicamentos.