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Medicamentos / Propiedad Intelectual / Decreto 2085
Revista Cambio marzo/04:

Primer round
El actual pulso entre las farmacéuticas nacionales y las extranjeras es el comienzo de una larga pelea alrededor del Tratado de Libre Comercio.
http://www.cambio.com.co/html/pais/articulos/2081/

La preocupación mundial por brindar medicamentos para atacar enfermedades graves o problemas de salud serior ha llevado a una aguda polémica entre las multinacionales farmacéuticas y los laboratorios nacionales. El punto central de la polémica son los derechos de propiedad intelectual y la severidad de las leyes nacionales y mundiales que los protegen. Hay un claro conflicto entre el interés por brindar medicamentos de bajo costo, contra los derechos de los científicos que hicieron los desarrollos iniciales, a grandes costos y luego de largos años de investigación. Esto es lo que les está pasando a los laboratorios farmacéuticos colombianos.

El último capítulo de este debate en Colombia comenzó con el Decreto 2085 del 10 de septiembre de 2002, firmado por el entonces ministro de Protección Social, Juan Luis Londoño, pero pasó más o menos inadvertido hasta ahora, cuando las farmacéuticas nacionales han encendido las alarmas por sus consecuencias. Desde entonces, los laboratorios locales tienen vedada la información de los ensayos clínicos que ha servido a las multinacionales para obtener su registro sanitario en Colombia. Esta información –que no forma parte de la patente– se obtiene gracias a la observación de miles de pacientes a los que se les ha suministrado un medicamento en etapas de prueba, e incluye datos como dosificación adecuada y efectos adversos. Obtenerla cuesta a las farmacéuticas unos 300 millones de dólares, una cifra impagable para los laboratorios nacionales interesados en obtener el registro sanitario de sus genéricos (o reproducciones del original, autorizadas cuando caduca la patente de éste).

La debilidad de los laboratorios colombianos es la investigación propia.

Los laboratorios nacionales quieren volver a las antiguas reglas de juego. Pero no la tienen fácil en el marco de los tratados, que son muy severos en el tema de la propiedad intelectual. Gracias a este tipo de derechos, los inventores de toda especie tienen estímulos para innovar sus productos. La cara menos noble es que a veces esta exclusividad da pie para que ellos cobren lo que se les antoja por sus productos. Nadie está obligado a pagar una fortuna por una licuadora de última generación, pero sí por un medicamento que puede salvar una vida. Ahí está el dilema que el Gobierno tiene que sortear durante las próximas negociaciones.

Con las nuevas reglas de juego, los laboratorios colombianos tendrán que esperar cinco años para tener libre acceso a la documentación que sirvió para la obtención del registro sanitario. Desde la entrada en vigor del decreto, la información sobre seis medicamentos –contra el alzheimer, la trombosis, la disfunción eréctil, el colesterol alto, la epilepsia y la esquizofrenia– ha quedado, de forma exclusiva, en manos de las farmacéuticas internacionales que los han creado. Y es muy probable que el mismo destino les espere a otros siete –contra infecciones del tracto urinario, la leucemia, la artritis, la rinitis, la hepatitis B y el colesterol alto– y a la mayoría de las nuevas moléculas que quieran obtener su registro sanitario en el futuro.

La Asociación de Industrias Farmacéuticas Colombianas (Asinfar) ha puesto el grito en el cielo. Primero, por un eventual incremento en el costo de los fármacos, pues, según dice, aquellos que gozan de protección de la información son únicos en el mercado. Y segundo, porque este encarecimiento repercutiría en una reducción del acceso a medicamentos a costos razonables para los pacientes enfermos. "Quieren cometer un genocidio con Colombia –dice el presidente de Asinfar, Alberto Bravo. No nos oponemos a la protección, pero se deben reducir los plazos, porque en menos de cinco años las multinacionales recuperan la inversión de sus inventos. Es como cuando le hacen a uno un favor y se lo restriegan todo el tiempo en la cara".

Pero lo cierto es que ninguno de los medicamentos en cuestión carece de competencia (ver recuadro). La Asociación de Industrias Farmacéuticas y de Investigación (Afidro), que representa a 18 multinacionales, asegura que en el mercado ya hay 184 medicamentos, entre genéricos y originales, que tienen el mismo fin terapéutico. "No hay un comportamiento monopolístico y por eso es imposible que se abuse de los precios –replica la presidenta de Afidro, María Claudia García–. Los médicos tienen libertad de prescripción y saben elegir los medicamentos que les convienen a sus pacientes. El medicamento más novedoso no necesariamente es el mejor para un paciente". García agrega que si la situación fuera tan grave como lo plantean los laboratorios nacionales, el Gobierno ya habría hecho uso del mismo decreto para pasar por encima de la propiedad intelectual.

La pelea, en realidad, tiene más de comercio que de altruismo. La venta de medicamentos deja 1.200 millones de dólares cada año en Colombia –en una proporción de 67% a favor de los laboratorios extranjeros– y, como es apenas natural, cada cual quiere la tajada más grande. Así como es un hecho que las multinacionales cabildearon para que el Gobierno expidiera el decreto 2085, también es un hecho que los laboratorios locales han querido mostrar una preocupación comercial como un problema de salud pública.

Debilidad

El 2085 horma perfectamente en los intereses de las farmacéuticas extranjeras, pero no establece requisitos traídos de los cabellos. En Estados Unidos y Europa también existe la protección de la información no divulgada. Este tipo de derechos ha garantizado el desarrollo industrial: después de todo, no hay científico que no esté ávido de reconocimiento, ni empresa urgida de recuperar sus inversiones. En el caso puntual del desarrollo de medicamentos, se trata de un campo que no sólo deja dividendos científicos en los países donde los crean. Antes de solicitar la aprobación de un fármaco, los laboratorios deben probarlo en diversas poblaciones. Para esto, contratan instituciones en varios países. En el período 2000-2004, 390 instituciones colombianas habrán recibido 23 millones de dólares por este concepto, y buena parte de estos recursos se destinan a investigación propia.

La presencia de genéricosen el mercado reduce los costos de los medicamentos.

La debilidad de los laboratorios colombianos es la investigación. Aunque es industria nacional, que genera 18.000 empleos directos –en contraste con los 6.000 de las multinacionales–, su contribución científica es ínfima. No les falta razón a los grandes laboratorios cuando critican a sus competidores locales, pues es muy fácil alardear de bajos precios cuando no se ha invertido un peso en investigación e innovación. Pero tampoco les falta razón a los laboratorios locales cuando dicen que la presencia de genéricos en el mercado reduce los costos de los medicamentos.

Andrés Mejía Vergnaud, investigador de la ONG International Policy Network especializado en el tema de propiedad intelectual, cree que el problema se debe ver en el largo plazo. "El peligro de no proteger la propiedad intelectual es que la humanidad se enfrenta a la posibilidad de que se reduzca dramáticamente la investigación en nuevas medicinas –asegura–. Ya estamos viéndolo en muchos países, donde hay enfermedades resistentes a los antibióticos". Y agrega que el problema del acceso a medicamentos debe pasar primero por la solución de otros factores como la corrupción en los sistemas de salud, y no con cargarle este costo a las farmacéuticas.

El escándalo que acaba de estallar va para largo y tendrá diversos frentes durante las negociaciones de los acuerdos comerciales que vienen en camino. Un anticipo ha sido la pelea legal entre la farmacéutica estadounidense Pfizer y 17 laboratorios nacionales que producen genéricos del Viagra, por copiar el diseño y el color de su célebre tableta. Hoy, el frente de batalla es la información no divulgada. Mañana, muy probablemente, el debate se dará en términos de calidad. Argumentos válidos asisten a cada uno de los frentes, y el Gobierno tendrá que mediar para evitar que las soluciones de hoy no comprometan el futuro, ni que el futuro se salve a costa de los enfermos de hoy.