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¿Hasta cuándo se va a tolerar el criminal saqueo del sistema de salud? Una vez más, la opinión pública nacional ha sido golpeada en estos días por escandalosas revelaciones sobre el desgreño y las corruptelas que están succionando los cuantiosos y sagrados recursos destinados a proteger la salud de millones de colombianos, sobre todo de los más pobres.

En esta ocasión, se trata del descuadre multimillonario por el incumplimiento en los pagos de algunas entidades obligadas a contribuir al sistema nacional de salud, como la Beneficencia de Antioquia, que ha dejado de girar al Gobierno Nacional 222 mil millones de pesos por explotación del chance, 17 loterías que no han pagado otros 52 mil millones por concepto de transferencias e impuestos y 17 mil millones que adeudan varias licoreras departamentales.

Con todo y lo impactante de estas cifras, ellas pueden ser sólo la punta del iceberg de un fenómeno que afecta a todo el sistema de salud y que sólo en el régimen contributivo se traduce en una evasión cercana a un billón de pesos. Basta pensar cuántas drogas y consultas, cuántos exámenes y materiales quirúrgicos se podrían costear con cantidades de esta magnitud. El Gobierno debe tomar ya medidas drásticas para extirpar este cáncer que está carcomiendo no sólo las finanzas del sistema sino la salud y, por supuesto, el bolsillo de los millones de colombianos que lo sostienen con sus cotizaciones.

Prácticamente desde la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, que creó el sistema de seguridad social en salud, este ha enfrentado una diversidad de problemas. A cuya cabeza está ese mal nacional de la corrupción. Los dineros del sector se han desviado, bien sea por la ineficiencia y el clientelismo que han caracterizado a un buen número de las Administradoras del Régimen Subsidiado (ARS), la proliferación de dobles afiliaciones y las consiguientes cuentas de cobro infladas de algunas Empresas Promotoras de Salud (EPS) al Fosyga, o los faltantes derivados de atrasos como los aludidos al principio de estas líneas.

Lo cierto es que esta acumulación de deficiencias ha llevado al sistema a una situación crítica, que además de deteriorar los servicios a los usuarios actuales (alrededor del 56 por ciento), aleja cada día más la meta pomposamente anunciada cuando se promulgó la Ley 100, de amparar con él a todos los colombianos. Por esto hay que celebrar que el Ministerio de Protección Social y la Superintendencia Nacional de Salud hayan emprendido una ofensiva -que debe llegar a lo penal- para poner fin a un mal que puede causar el colapso total del sistema.

Lo que está en juego en este caso no es si la Ley 100 es buena o mala, sino si el Gobierno Nacional y los organismos de control serán capaces de doblegar a las 'mafias de cuello blanco' que denunció el ministro Diego Palacio en una ocasión reciente y que 'chupan la sangre del sistema'. Ya no es la hora de denuncias genéricas, ni de alarmas, que están disparadas hace tiempo. Es el momento de la acción para detener ese criminal desangre.