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Salud Pública / SGSSS / Ley 100
El Tiempo Febrero 14 de 2004:

D'artagnan / TORRE
Un Ministro en el ojo del huracán

Las vicisitudes de Diego Palacio Betancourt.

Es un hombre bueno y un funcionario bien intencionado. Y, además, un ministro con el que se puede dialogar –lo que no ocurre con todos–. Pero si Diego Palacio Betancourt está en el ojo del huracán, será por algo.

En un país puramente tropical y donde corren en consecuencia toda suerte de epidemias peligrosas, que surja un brote de fiebre amarilla en los entornos de la Sierra Nevada de Santa Marta y más precisamente por las precarias condiciones de salubridad en que viven los cultivadores de coca, es preocupante. El Ministro dice que la plaga está controlada, y conviene creerle para no suscitar más pánico.

Pero aludo a otros problemas quizá causados por ciertas actitudes erráticas del doctor Diego Palacio. En primer término, al hecho de que en un reciente foro hubiera salido lanza en ristre contra lo que denominó “mafias de cuello blanco” en el sector salud y contra “algunos medios” –y periodistas– que, según el funcionario, son manipulados por estas.

Al ventilar públicamente semejante denuncia, tan grave como ambigua, la pregunta obvia la formuló un editorial de EL TIEMPO: ¿quiénes son los mafiosos que están sacando los sagrados recursos que deben ser utilizados para proteger la salud de los colombianos? ¿Cuáles son los medios periodísticos que se dejan manipular por ellos? “Concrete, señor Ministro”, le pedía el editorialista, con razón. No es improbable, sin embargo, que sus críticas estuvieran dirigidas contra Saludcoop, hoy en la mira de la Dian y otros organismos de control. Sin descartar que haya intereses internos dentro del Palacio de Nariño, en el sentido de no ver con buenos ojos (vaya usted a saber por qué) el que esta promotora de salud cooperativa adquiriera a Cafesalud.

Aunque existan bondades en materia de cobertura médica, es difícil no cuestionar los riesgos que encierra la Ley 100 en materia de privatización de la salud. Derecho fundamental de todos los colombianos que el Estado renunció a cubrir en parte por corrupción e ineficiencia, pero también porque aquí se impuso el modelo neoliberal. Curiosamente, después de anunciar el Ministro que las EPS fueron autorizadas a aumentar sus tarifas en un 15 por ciento –lo cual golpea directamente el bolsillo de los distintos afiliados a estas entidades–, se produjo otra noticia aún más perjudicial para sus usuarios.

En efecto, simultáneamente con el hecho de que los trabajadores independientes aportan el 12 por ciento sobre dos salarios mínimos (716.000 pesos mensuales), es decir, 85.920 pesos, el titular de la cartera de Protección Social propone que el aporte se haga sobre 1,7 salarios mínimos (608.600), para que contribuya más gente con menores recursos a partir de una suma mensual que le representa 73.032 pesos.

¿Y la gratificación o recompensa? Nada menos que excluir del Plan Obligatorio de Salud a determinados medicamentos –tan vitales como costosos para muchos de los que los necesitan–, al igual que los servicios odontológicos, de suyo inaccesibles para gran parte de la población. Ello no solo deja a esta sin algo que no podría considerarse suntuario, sino que de paso varios odontólogos y dentistas quedan de brazos cruzados, sin trabajo ni la consiguiente remuneración. ¿Cuántos? Se calcula que ante esta medida podrían ser 34 mil los profesionales los que podrían terminar afectados.

Y esto para no hablar de situaciones críticas y más alarmantes. Porque he tenido que padecer el problema de cerca sé que en Colombia existen aproximadamente 20 mil personas registradas que tienen colostomía, ileostomía y urostomía. Se ignora cuántos enfermos no registrados ante la Asociación Colombiana de Ostomizados (sin sede propia y sin ninguna clase de auxilios) sufren de lo mismo. La mayoría de las víctimas, sin embargo, son compatriotas que viven del salario mínimo, lo que los pone ante la disyuntiva de usar tal ingreso para comer y sobrevivir o para poder adquirir los implementos necesarios que les permitan –o permitirían– llevar una vida relativamente estable con dicha lesión a cuestas.

Ni para qué mencionar el tema de enfermedades terminales –como el sida–, a las que, por razones de costos, la mayoría de empresas médicas prepagadas les sacan el cuerpo, cuando no hay de por medio una tutela ganada por el individuo que acude a este recurso legal a fin de no quedar desamparado.

Lo que no pocos se preguntan es si tan sensible falta de asistencia social –y esto sin abordar el tema escandaloso de la crisis hospitalaria– se debe, entre otras causas, a los efectos visiblemente negativos que ha tenido la fusión del Ministerio de Salud con el de Trabajo, al igual que ocurre con el Ministerio del Interior y de Justicia, traducidos por ejemplo en el forcejeo entre las distintas Cortes, a falta de un buen árbitro o componedor. Labor, por cierto, desempeñada con éxito por anteriores ministros de Justicia.

Porque no se trata de resolver problemas burocráticos que por los demás no se han solucionado, ya que ahí sigue la misma burocracia en cada una de las cuatro dependencias. Sino de que haya directrices y prioridades para que en el caso específico de la salud se afronten los problemas con criterio y no ofrecer la imagen de que en este campo (como en el de la Justicia, hoy sin un verdadero Ministro) lo que existe es un gran despelote.